Un golpe a los libros
La destrucción y quema masiva de libros fue una de las políticas represivas implementadas durante la última dictadura militar en la Argentina.
* Por Pablo Montanaro
Los libros también fueron víctimas de la última dictadura militar, la que protagonizó los más aberrantes delitos de lesa humanidad. La quema de 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina el 30 de agosto de 1980, por considerarlos subversivos, parece inspirada de las páginas de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
La dictadura militar cumplió con ese rito siniestro que es una marca registrada del totalitarismo: la destrucción del conocimiento y de la transmisión del saber.
Ese hecho, ocurrido en un baldío de Sarandí, provincia de Buenos Aires, fue una de las tantas destrucciones y quemas masivas de libros (testigos señalan que los ejemplares tardaron tres días en destruirse) implementadas por la dictadura y que formaron parte de sus políticas represivas.
Así como había centros clandestinos de detención, también existió una estructura de control cultural y educativo. “Destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto”, dijo el 29 de abril de 1976 Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Ejército en Córdoba, cuando ordenó una quema colectiva de libros.
Los militares no solo idearon un plan sistemático para la desaparición de personas, de apropiación de bebés, sino que también se propusieron hacer desaparecer símbolos, imágenes, discursos, tradiciones, como bien señalan Judith Gociol y Hernán Invernizzi, autores de una investigación sobre la represión a la cultura en esos años.
El de la literatura infantil también fue un espacio donde los militares pusieron la mira porque sentían la obligación moral “de preservar a la niñez”. Suena paradójico teniendo en cuenta que hubo 500 niños de detenidos-desaparecidos apropiados durante los años más oscuros y sangrientos de la historia argentina.
“Los libros son tuyos, vení a buscarlos”, le dijo el capitán de navío Francisco Suárez Battan, interventor en la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), al jefe del Estado mayor general del Ejército Guillermo Suárez Mason. La invitación para proceder al retiro y destrucción de libros calificados de “subversivos” por la flamante Junta Militar se constituyó en el punto de partida para que se ordenara la quema de un millón y medio de ejemplares publicados por la editorial más importante de Hispanoamérica.
El 30 de agosto de 1980 en un baldío de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires, la Policía bonaerense al mando del general Ramón Camps quemó un millón y medio de ejemplares del Centro Editor de América Latina (Cedal), el sello fundado por Boris Spivacow, recordado por sus colecciones Capítulo, Historia del movimiento obrero, Biblioteca Política Argentina, Nueva Enciclopedia del Mundo Joven y Transformaciones, entre centenares de entregas en fascículos o volúmenes económicos. La profesora Amanda Toubes, directora de la colección La Enciclopedia del mundo joven, y Ricardo Figueira, director de las colecciones de la editorial, fueron testigos de la quema.
Estas son dos de las tantas historias de aquellos años en los cuales tener un libro podía ser motivo para ser secuestrado, torturado o asesinado. Hubo quienes para salvar sus libros los enterraron, los dejaron en un sótano, les cambiaron las tapas. Pero semejante atrocidad no fue llevada adelante únicamente por los militares sino que esa devastación cultural también tuvo complicidades civiles, integrantes del ámbito de las artes como Roberto Tálice, Valentin Thiebaut, Enrique Cantilo, Jorge García Venturini, Nicolás Cócaro, monseñor Octavio Derisi, y el interventor militar el general Arturo Corbetta, como bien señalan Hernán Invernizzi y Judith Gociol, coautores de “Un golpe a los libros: represión a la cultura durante la última dictadura militar”, publicado por Eudeba en 2002.
Para Aníbal Ford, esa “hoguera de libros argentinos provocó un vacío, un hueco, en la transmisión y en la construcción cultural que todavía no ha sido reparado”.
“Operación masacre” de Rodolfo Walsh, “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano, “Dailan Kifki” de María Elena Walsh, “Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa Bornemann –prohibido por relatar una huelga de animales–, “La torre de cubos” de Laura Devetach –censurado porque, entre otros argumentos esbozados por los censores, el libro criticaba la propiedad privada y el principio de autoridad– y “Los vengadores de la Patagonia trágica”, de Osvaldo Bayer, fueron algunos de los libros que la dictadura prohibió.
Los militares no sólo idearon un plan sistemático para la desaparición de personas sino que también se propusieron arrasar hasta hacer desaparecer símbolos, discursos, imágenes y tradiciones, sostienen los autores del libro. Así como estaban los centros clandestinos de detención, también existió una estructura de control cultural y educativo conformada por equipos de censura. “Hubo un plan de represión cultural: la desaparición de personas tenía que corresponderse con la desaparición de símbolos culturales”, afirmó Gociol.
Según cuentan los autores, en Eudeba se hicieron allanamientos en los depósitos, se llevaron los libros y los quemaron, y subrayan que esos ejemplares fueron “entregados por los directivos, que en ese momento eran civiles”. Incluso aseguran que en Eudeba hubo delación de personas que ahora están desaparecidas. Invernizzi sostuvo que “aquí no hubo casualidades ni improvisación, hubo un plan sistemático de alcance nacional y que era el correlato de una propuesta económica y represiva”.
Durante la etapa de investigación, Invernizzi y Gociol encontraron documentos del año 1977 en el que se expresa que “ahora que la banda de delincuentes subversivos fue destruida tenemos que terminar la gran batalla que es por la cultura y la educación”. Para ello, los militares construyeron una infraestructura estatal conformada por oficinas, presupuestos, lugares públicos y clandestinos, cómites de estudio, de investigación, de censura con activa participación de académicos, profesores universitarios, antropólogos, sociólogos, abogados, historiadores; además de generales, suboficiales y almirantes.
Entre los documentos encontrados figuraba un borrador de un contrato secreto entre el general de división Albano Harguindeguy, ministro del Interior durante la presidencia de Jorge Rafael Videla, Eudeba y el general Corbeta. El contrato dice que el ministerio y la editorial iban a publicar una colección de libros para formar las futuras generaciones de dirigentes políticos y referentes intelectuales de la cultura. Y en uno de los párrafos del borrador señalan que iban a usar el prestigio de la editorial universitaria “para traficar nuestras ideas”.
Para Invernizzi, la dictadura no destruyó la editorial porque “querían promover sus ideas en la sociedad, especialmente en los ámbitos universitarios. La usaron para promover el pensamiento de autores nacionales y extranjeros que fueron la avanzada del pensamiento neoliberal conservador que se impuso en los años del menemismo”.
“Rompía libros por el camino viejo”
“A nosotras no nos requisaron libros, sino que comenzamos a quemarlos o destruirlos poco a poco a medida que las editoriales no nos aceptaban que se los regresáramos”, afirmó Marta de Cea en alguna vez entrevista que le hice. Marta junto a Marta Echeverría estaban al frente de la librería Libracos en los años de la dictadura militar.
Comentó que en aquel tiempo de la Triple A no recibían amenazas, pero la bomba que en 1975 estalló en la librería causando grandes daños “las tomó de sorpresa”. Además, señaló que durante varios días “tipos de civil se aparecían en la librería en actitud amenazante o hacían rondines por los alrededores del local”.
De Cea fue secuestrada a comienzos de septiembre de 1976 en Cinco Saltos, donde residía; luego fue trasladada a la Comisaría 14 de Cipolletti y posteriormente llevada al centro clandestino de detención “La Escuelita” en los fondos del Batallón del Ejército.
Al declarar en el primer juicio en 2008 que condenó a ocho ex jefes militares, De Cea afirmó que el ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti era uno de los que la interrogaron durante las sesiones de torturas.
La mujer recordó que “regresando de Neuquén a Cinco Saltos por el camino viejo iba rompiendo libros y tirando sus hojas por el camino, ya que quemarlo en la librería o en otro lugar podía levantar sospechas”.
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